Después de que el Consejo Escolar del Estado aprobara la necesidad de regular el uso del móvil en los centros educativos, el 18 de septiembre de 2024, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) ha publicado unas directrices sobre las responsabilidades del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, desaconsejando su empleo siempre que pueda utilizarse otro recurso más idóneo para el fin pedagógico que se persigue. El documento también subraya las implicaciones que puede tener para la comunidad educativa el uso que el alumnado hace de estos dispositivos, dentro y fuera del centro. Asimismo, recoge las diferentes situaciones que pueden producirse a la hora de determinar cómo regular su uso en los centros escolares, y las responsabilidades que de ello se derivan.
De acuerdo con esta nueva publicación, un centro escolar puede regular internamente el uso de los dispositivos móviles o seguir las normas establecidas por la autoridad educativa correspondiente. En este primer caso, el centro puede optar por dos propuestas:
- La prohibición del uso de dispositivos móviles en todas las dependencias del centro. De este modo, si un estudiante realiza un uso indebido del tratamiento de los datos, será el responsable. El centro, garante de la supervisión de los menores, también podría considerarse responsable solidariamente.
- La limitación del uso en el aula. Si el docente permite el uso de dispositivos con fines educativos, en este caso el tratamiento de los datos personales por el acceso y uso de los servicios digitales empleados, deben estar aprobados por el centro o la Autoridad educativa, siendo estos los responsables de su tratamiento. Si no cuenta con esta aprobación, lo será el docente ante cualquier incidente relacionado con los datos recopilados por la aplicación empleada. Antes de usar los dispositivos móviles de los alumnos en el aula, la AEPD invita a que el docente reflexione si la herramienta digital es idónea para el aprendizaje, si es necesaria para la tarea, y si aporta más beneficios que perjuicios en el aprendizaje.
Si el centro opta por no regular el uso de teléfonos móviles en su reglamento interno, cuando el móvil se utilice con fines educativos autorizados por el docente y el centro, nos encontraríamos en la misma situación anterior y con sus mismas consecuencias. En cambio, si el alumno usase el teléfono móvil sin fines educativos y en contra de las normas establecidas por la Autoridad educativa, el alumno será el responsable.
Por otro lado, la AEPD también advierte sobre los riesgos que el uso de teléfonos móviles en el aula podrían suponer para los derechos de los menores:
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- Se quebranta el principio de igualdad de oportunidades de aprendizaje y desarrollo, si se exige un dispositivo con características específicas.
- Afecta a su intimidad, si los servicios digitales registran más datos de los necesarios.
- Se genera un riesgo para su integridad física, si los servicios permiten localizar o facilitar el contacto con el menor.
- Se vulnera su salud mental, si los servicios digitales exponen al menor a patrones persuasivos y adictivos.
- Se quebranta su derecho a la protección de los datos personales, si la herramienta comercializa con sus datos, o si los trata automáticamente sin la regulación del docente, pues podría implicar una discriminación o influir en su aprendizaje y en su comportamiento.
Con todo, la AEPD subraya, además, que el tratamiento de datos en el ámbito educativo debe superar positivamente el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y su tratamiento ilícito conllevaría implicaciones legales. Por todo ello, se recomienda regular adecuadamente el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos.
Se puede consultar el informe de la AEPD en el siguiente enlace.
